El respeto al pacto social

Peces-Barba, "padre" de la Constitución

Gregorio Peces-Barba publicó el pasado martes, en El País, un conveniente artículo acerca de cómo la clase política debe regresar al consenso de mínimos en los temas fundamentales, que ha de pivotar sobre nuestra constitución:

"(...) Por otra parte el segundo objetivo es el mantenimiento del Estado de las Autonomías, como Estado funcionalmente federal. Esta es una de las dimensiones fuertes del pacto que no permite aventuras secesionistas, ni modificaciones estatutarias fuera de los procedimientos. Los excesos de contenido o de competencias de las modificaciones de los Estatutos de Autonomía, y que siguen, sin embargo el procedimiento, tienen arreglo y la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. Los que se saltan el procedimiento y lo violan frontalmente, no tienen ninguna posibilidad de que su proyecto prospere. Ese es el modelo del lehendakari Ibarretxe en los contenidos de su plan, y en la consulta que pretende hacer absolutamente al margen de lo permitido por la Constitución. Ni en la forma ni en el fondo son de recibo. Son poco inteligentes, propias de un kamikace que sabe que se va a estrellar, y sigue impertérrito su camino de destrucción. Lo malo es que su aventura que lleva a la nada, puede producir daños en la convivencia futura del buen pueblo vasco. ¡Ojalá esos daños no sean irreparables y que los vascos puedan construir la máxima autonomía posible, sin rupturas ni violencia en el seno de la España civil. Para que eso sea posible, los partidos defensores de la Constitución, PSOE y PP, deben trabajar al unísono y, además, es necesario que IU recupere en Euskadi, su dimensión abierta a la totalidad de España y que el PNV contribuya desde el sosiego y la moderación.

Cuando el artículo primero sitúa a España como poder constituyente, que se constituye en un "Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo", está marcando también que la soberanía corresponde al pueblo español del que dependen los poderes del Estado. El pacto social supone la mayor fidelidad de la soberanía a la realidad de los ciudadanos para la más cabal representación. Sin embargo, ese es un objetivo todavía incumplido a los casi treinta años de la Constitución, porque la Ley electoral es preconstitucional y se mantiene hoy con los mismos esquemas conceptuales. Para ajustar la realidad al pacto social en el ámbito de la representación política, es necesario reformar la ley electoral, para que recoja lo más fielmente la correcta correlación -ciudadanos y número de parlamentarios-. Para eso hay que añadir cincuenta diputados a los trescientos cincuenta, lo que es factible con una Constitución que tiene hasta cuatrocientos diputados posibles. Se situarían estos cincuenta nuevos diputados en una única circunscripción nacional que recogería todos los votos que en las circunscripciones provinciales no hubieran sido aprovechados para elegir un diputado. Los diputados de la circunscripción única nacional serían distribuidos de manera proporcional por el sistema d'Hont, a los partidos destinatarios de los votos no utilizados en las circunscripciones provinciales. Esta solución está hecha con un velo de ignorancia de los resultados, y sirve para convertir en más justa la identidad del soberano popular. (...)"