El PSOE exige la inclusión de todos los municipios que cumplan los requisitos con independencia de quién gobierne El Partido Socialista de León (PSL-PSOE) registró la semana pasada en la Subdelegación del Gobierno y la Delegación Territorial de la Junta una alegación que cumple lo prometido hace dos semanas, instando a que la Junta rectifique el mapa de los municipios de León que deben quedar incluidos en la zona de actuación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible por cumplir todos los requisitos, a pesar de lo cual la Administración autonómica los dejó inexplicablemente fuera. El PSL espera que ahora el Ministerio reclame a la Junta que modifique el mapa inicial en León e incluya al menos a los 44 municipios que a juicio de los socialistas quedan fuera sin motivo.
Esta alegación, destacó Nancy Prada, responsable de Desarrollo Rural de la Ejecutiva Provincial socialista, se encamina a defender “a todos los municipios leoneses excluidos, independientemente de quién gobierna en ellos”, lo que es “un ejercicio de responsabilidad del PSOE y de lucha por los intereses de toda la provincia de León”.
A nuestro entender, debía haber sido la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, la que diera el paso para una defensa conjunta de los ayuntamientos excluidos por la Junta, pero Carrasco se limitó a instar a cada municipio a presentar alegaciones particulares y a “ocultar que la Junta es la responsable de un mapa provincial incompleto”. “Nosotros anunciamos que queríamos hacer fuerza y luchar por todos los que lo merecen, y aquí estamos para cumplir nuestro compromiso”, indicó Prada.
En la alegación se pide “la inclusión de todos los municipios que al amparo de la Ley de Desarrollo Rural cumplen los requisitos establecidos en la misma, en la mayoría de ellos cumpliendo los parámetros de continuidad territorial de las zonas propuestas por la Junta de Castilla y León (como es el caso de Fresno de la Vega, por ejemplo), y otros susceptibles de conformar nuevas zonas de actuación homogénea y específica”.
También el PSL pide al Ministerio de Medio Ambiente que supedite la financiación a la Junta de Castilla y León de los planes de inversión al cumplimiento de los principios que deben garantizar la participación de los ciudadanos, colectivos y asociaciones que viven en las zonas seleccionadas a la hora de tomar las decisiones de inversión, para evitar tentaciones de que el dinero no llegue finalmente a los sectores que los propios habitantes consideren más necesarios.
Esta alegación, destacó Nancy Prada, responsable de Desarrollo Rural de la Ejecutiva Provincial socialista, se encamina a defender “a todos los municipios leoneses excluidos, independientemente de quién gobierna en ellos”, lo que es “un ejercicio de responsabilidad del PSOE y de lucha por los intereses de toda la provincia de León”.
A nuestro entender, debía haber sido la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, la que diera el paso para una defensa conjunta de los ayuntamientos excluidos por la Junta, pero Carrasco se limitó a instar a cada municipio a presentar alegaciones particulares y a “ocultar que la Junta es la responsable de un mapa provincial incompleto”. “Nosotros anunciamos que queríamos hacer fuerza y luchar por todos los que lo merecen, y aquí estamos para cumplir nuestro compromiso”, indicó Prada.
En la alegación se pide “la inclusión de todos los municipios que al amparo de la Ley de Desarrollo Rural cumplen los requisitos establecidos en la misma, en la mayoría de ellos cumpliendo los parámetros de continuidad territorial de las zonas propuestas por la Junta de Castilla y León (como es el caso de Fresno de la Vega, por ejemplo), y otros susceptibles de conformar nuevas zonas de actuación homogénea y específica”.
También el PSL pide al Ministerio de Medio Ambiente que supedite la financiación a la Junta de Castilla y León de los planes de inversión al cumplimiento de los principios que deben garantizar la participación de los ciudadanos, colectivos y asociaciones que viven en las zonas seleccionadas a la hora de tomar las decisiones de inversión, para evitar tentaciones de que el dinero no llegue finalmente a los sectores que los propios habitantes consideren más necesarios.
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