El presente artículo se remitió en marzo, en tiempo y forma, por nuestro portavoz en el Ayuntamiento, Jorge Mateos Álvarez, en representación del Grupo Municipal Socialista, para la inclusión en la revista municipal 'Esla' del segundo trimestre del año. El artículo, que no llegó a ver la luz por intereses partidistas, es el siguiente:
Sobre
las denuncias de cobros irregulares en el Ayuntamiento
La
denuncia
En diciembre muchos de ustedes
recibieron La Voz
Socialista,
hoja
informativa crítica con
la gestión del Alcalde, que el próximo año cumplirá dos décadas
en el poder. La normalidad democrática implica que la oposición se
expresa libremente, informa a los vecinos y controla al gobierno. Sin
embargo, al Alcalde no le ha gustado nada nuestra publicación, es
más, el titular de apertura: «Majo
ha cobrado irregularmente más de 23.000 euros en retribuciones del
Ayuntamiento.», parece
haber desatado su ira.
Los
sueldos en el Ayuntamiento
En el Ayuntamiento todos los
miembros del Gobierno cobran como mínimo 850 euros al mes, sin tener
ninguno de ellos dedicación exclusiva o parcial. Esto supone que por
una parte pueden lucrarse con otras actividades públicas o privadas,
y por otra percibir irregularmente un “salario” municipal
encubierto ingresando abultadas cantidades por asistencias a plenos y
comisiones.
El pluriempleo del alcalde
A
través de este sistema irregular Majo,
pluriempleado también
como procurador en las Cortes de Castilla y León, cobra de media
1.800 euros mensuales; 850 de ellos correspondientes a los “pluses”
asignados por ostentar las presidencias de la Comisión Informativa
de Hacienda y de la Junta de Coordinación de Concejalías Delegadas.
La
irregularidad denunciada
¿Son
esos “pluses” irregulares? Nuestra
denuncia está motivada suficientemente con una célebre Sentencia
del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1995 que estableció y
clarificó que por la asistencia a plenos y comisiones todos los
miembros de la corporación deben cobrar lo mismo.
Cómo
se puede cobrar en un ayuntamiento
En
la administración local solo existen tres tipos de percepciones
económicas, teniendo los concejales el derecho a percibir:
1)
Retribuciones cuando desempeñen el cargo en régimen de dedicación
exclusiva o parcial, situación real en el Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan de una parte importante de los concejales del PP que,
legalmente, requeriría el alta en el Régimen General de la
Seguridad Social.
¿Ahorro o fraude a la Seguridad Social?
El
Diario
de León,
el 25 de marzo de 2013, analizaba lo que cobrábamos los concejales y
el alcalde, destacando de la información facilitada por este el
«ahorro
en Seguridad Social».
Me imagino a pequeños empresarios y autónomos figurándose a sí
mismos explicando a un inspector lo siguiente: «No
doy de alta en la Seguridad Social a esta camarera. Y lo hago para
ahorrarme las respectivas cuotas, pero no se preocupe, la pago por
menú efectivamente servido. Y no hay discriminación respecto a la
que está en barra que cobra algo menos por cada vino que pone.»
Cómo
se debería cobrar en Valencia de Don Juan
2)
Las cantidades fijadas por las asistencias efectivas a las sesiones
de los plenos y comisiones de las que se forme parte, dejando claro
la jurisprudencia que
todos los concejales de un mismo órgano tienen que cobrar lo mismo.
Cómo
no se pueden justificar unos cobros irregulares
3)
En
ningún caso se puede retribuir más a unos concejales por presidir
unas Comisiones Informativas que al resto de asistentes, ni siquiera
aportando sentencias relativas a las «indemnizaciones
por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo»,
que sería la tercera modalidad de percepción, que no es la
situación denunciada.
La
alarma social que creó nuestra denuncia
Nuestra denuncia no tuvo mucho
recorrido en los medios de comunicación. Y no lo tuvo porque unos
cuantos ayuntamientos utilizan el mismo sistema de cobros que
Martínez Majo ha llevado hasta el límite de lo tolerable. Para él,
nuestra revista creaba, literalmente, «alarma social», por lo que
el 31 de enero exigía mi dimisión. El mundo al revés: ¡el alcalde
reclamando la dimisión del portavoz de la oposición!, dándome un
plazo de una semana para hacerla efectiva o, en caso contrario, me
amenazaba con interponer una «querella» por «injurias y
calumnias».
El
alcalde intentó cambiar a la oposición
No dimití en el plazo de una
semana que me dio Majo y no lo haré por realizar mis funciones de
oposición, más si cabe cuando la ley valida nuestros argumentos. Y
no lo haré porque no tengo deudas políticas con nadie, al igual que
ninguno de los otros cuatro concejales que me acompañan en el
Ayuntamiento. Es nuestra obligación denunciar todas aquellas
cuestiones que entendemos que conculcan la legalidad vigente o que
ética o políticamente son inaceptables.
Pero no se aceptan chantajes
Los concejales socialistas nos
hemos opuesto a estas asignaciones desde su aprobación en el pleno
de organización del Ayuntamiento, en julio de 2011, y hemos
denunciado su irregularidad desde el momento en que hemos tenido
conocimiento de ella, después de un complejo estudio y el
correspondiente asesoramiento. Y
aquí no caben chantajes: por ello no pienso retirar la certera
afirmación de que Martínez Majo cobra en el Ayuntamiento
irregularmente una parte nada desdeñable de 1.800 euros mensuales.
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