El PSOE cree un "escándalo" que la Junta imponga pagar el 20% de las nuevas escuelas infantiles
Esta medida afecta a los centros de La Robla y Valencia de Don Juan
La procuradora socialista leonesa, Ángela Marqués defendió, recientemente, en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, una Proposición No de Ley para que la Junta de Castilla y León no exija a los ayuntamientos la aportación de un 20% para la construcción de las Escuelas Infantiles cofinanciadas por el Gobierno de España en el marco del Plan Educa 3. En el caso de León, afecta a dos nuevos centros en las localidades de La Robla y Valencia de Don Juan.
Este plan del Gobierno de España, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, persigue la creación de plazas públicas en Escuelas Infantiles para niños de 0 a 3 años con el objetivo de aumentar el período de vida escolar e iniciarlo desde edades muy tempranas. Fruto de este plan, la Junta de Castilla y León ha firmado un convenio con el Gobierno de España, que aporta 5 millones de euros para la creación de 16 Escuelas Infantiles públicas en toda la Comunidad Autónoma, dos de ellas en la provincia de León.
Los socialistas de Castilla y León denuncian el doble lenguaje del PP al imponer a los ayuntamientos un coste por algo que no es de competencia municipal sino de la Junta, mientras que el Presidente, Juan Vicente Herrera, decía recientemente (el 26 de enero de 2010) ante la asamblea de la Federación Regional de Municipios y Provincias que “en lo competencial, la Junta de Castilla y León ya ha asumido gran parte de lo conocido como competencias impropias, especialmente en el ámbito sanitario y educativo”.
Sin embargo, la realidad es que “endosan a los ayuntamientos un coste por una competencia impropia en vez de hacer, por ejemplo, un convenio entre la Consejería de Familia y la Consejería de Educación para sufragar el coste de la construcción de los nuevos centros”. "Teniendo otras opciones, han tomado la decisión política de cargar a los ayuntamientos con el 20% de la obra". Los socialistas también denunciaron la "bochornosa" actuación del Gobierno Herrera al ocultar a los ciudadanos y a los alcaldes la cofinanciación del Gobierno de España, a pesar de haber firmado en el convenio una cláusula de publicidad que les obligaba a ello.
El argumento final del PP para rechazar la propuesta fue que “si los alcaldes no pueden pagarlo, que no lo hagan”, eludiendo de una forma escandalosa su responsabilidad en la oferta de plazas públicas con carácter educativo que tanto están demandando las familias, una oferta que en nuestra provincia permite escolarizar tan solo a un 11% de los niños en este tramo de edad, lejos del 13% que mantiene la Comunidad Autónoma y más lejano aún de la tasa del conjunto de España que ronda el 30%.
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