Los pilares del Estado del bienestar

Miguel Martínez

El pasado domingo 2 de diciembre, nuestro Secretario Provincial, Miguel Martínez, publicaba la tribuna "Las políticas sociales de ZP, señas de identidad" en el Diario de León:

"Como alcalde y como senador del Partido Socialista por la Provincia de León y también en mi condición de Secretario Provincial del Partido Socialista, me dirijo desde esta tribuna a las ciudadanas y ciudadanos de León, para compartir algunas reflexiones acerca de las políticas sociales del Gobierno de Zapatero.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, configura el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia como cuarto pilar del Estado del Bienestar. Sin duda, es ésta la ley social más importante de la actual legislatura y de las próximas décadas, ya que crea en España un nuevo derecho universal y sienta las bases del cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto al derecho a una educación básica, obligatoria y gratuita (1985), el derecho a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (1986) y el sistema de pensiones asistenciales (1990), que también fueron creados por gobiernos socialistas.

La Ley reconoce un nuevo derecho universal a los ciudadanos: el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado. Se trata de promover la autonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de dependencia en todo el territorio del Estado. Se consagra así el carácter universal y público de las prestaciones y el acceso a éstas en condiciones de igualdad, con la participación de todas las administraciones en el ejercicio de sus competencias.

En la provincia de León, hay 12.893 personas dependientes, una población que, según las previsiones, aumentará en los próximos años. Más del 80 % de estas personas son mayores de 65 años. La atención se realiza, sobre todo, en el ámbito familiar y recae especialmente en las mujeres (representan el 83% de los cuidadores familiares) lo que, en la mayoría de los casos, les impide que puedan llevar a cabo actividad laboral alguna. Sólo uno de cada cinco familiares cuidadores tiene un empleo.

En la actualidad, la atención de las administraciones se presta desde el sistema sanitario y desde el ámbito de los servicios sociales, con una cobertura insuficiente y con diferencias importantes entre Comunidades Autónomas y entre las áreas urbanas y rurales. En Castilla y León, el 4,13% cuentan con un servicio de ayuda a domicilio, el 3,01% con teleasistencia, el 6,29% con una plaza en una residencia y el 0,48% en un centro de día.

El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia incluirá la prestación de servicios, a través de centros y programas públicos o concertados. Los beneficiarios tendrán derecho a una serie de servicios según su grado y nivel de dependencia.

El catálogo de servicios incluye la prevención de las situaciones de dependencia, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial (residencias para mayores dependientes y centros de atención a personas en situación de dependencia con varios tipos de discapacidad).

Además de la prestación de estos servicios, se podrá acceder a diversas prestaciones económicas vinculadas a la contratación de un servicio, compensaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, si el beneficiario opta por ser atendido en su entorno familiar, en cuyo caso, su cuidador recibirá una compensación económica por ello. El cuidador familiar deberá estar dado de alta en la Seguridad Social. También se dará prestación personalizada, para facilitar al beneficiario una vida más autónoma, el acceso a la educación y al trabajo y el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

Por otra parte, aquellas personas que opten por contratar un seguro privado de dependencia obtendrán beneficios fiscales.

La financiación correrá a cargo de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y, en su caso, de las Corporaciones Locales. El compromiso del Gobierno se refleja en el esfuerzo financiero de aportar en los próximos 8 años más de 12.000 millones de euros. Las Comunidades Autónomas, que son las competentes en la materia, habrán de aportar una cantidad similar. Los beneficiarios participarán en la financiación del sistema en función de su renta y patrimonio personal (no familiar), de forma equilibrada y justa. Ningún beneficiario dejará de recibir atención por falta de recursos.

Si hay algo que quite el sueño a un alcalde, es no poder atender a las necesidades de sus vecinos. Todos hemos sentido impotencia ante la persona mayor que no tiene quien la cuide, ante la madre o la hija que cuida a un discapacitado durante las veinticuatro horas del día, desde el agotamiento y la imposibilidad de desarrollar cualquier actividad laboral o social. Nos hemos sentido impotentes, ante quienes han dado todo y en los últimos años de su vida, solo les queda vegetar porque se sienten culpables de ser una carga para su familia.

Los alcaldes, que convivimos más directamente con los problemas de nuestros vecinos, colaboraremos para dar solución a estos problemas con los instrumentos que la ley pone a nuestra disposición y con la máxima lealtad institucional hacia el Gobierno de España y al de nuestra comunidad autónoma veremos cómo el gran esfuerzo económico y social merece la pena. Esta Ley, constituye una seña de identidad del Gobierno socialista, comprometido con las políticas sociales que aumentan los derechos y el bienestar de los ciudadanos. En palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «la auténtica riqueza de una sociedad es la que mide el bienestar de los ciudadanos». Yo las suscribo."