El artículo 21, en su punto 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere a los alcaldes de los municipios la facultad de:
"j. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
q. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local."
En consecuencia, queda claro que el desbarajuste urbanístico que ha vivido Valencia de Don Juan, y que ahora padecemos vecinos y visitantes -transeúntes en general-, ha sido provocado por una ávida, y tal vez aviesa, gestión urbanística planificada por el Alcalde, Juan Martínez Majo, y ejecutada por el concejal de Urbanismo, Mariano Fernández Pérez.
Las licencias de obras se otorgaban sin ningún tipo de restricción, amparándose en un obsoleto PGOU que databa de la década de los ochenta. Eran los tiempos felices en los cuales los bancos otorgaban hipotecas -también sin restricciones-, los constructores vendían todos los pisos cuando aún eran proyectos y los precios de mercado se disparaban hasta cantidades desorbitadas. Los constructores adquirían nuevos terrenos, el ayuntamiento adjudicaba nuevas licencias con sus correspondientes ingresos y la espiral continuaba ad infinitum. Nadie parecía hacer caso a los agoreros que hablaban de la "burbuja inmobiliaria".
Y la burbuja estalló, y en Valencia de Don Juan, por poner un solo ejemplo, donde había una casa decimonónica -en frente a la parada de taxis-, de arquitectura ecléctica y titularidad eclesiástica, ahora solo hay esqueletos de lo que algún día serán viviendas habitables y habitadas.
Y la crisis que golpea al sector inmobiliario ha afectado, y afectará, si nos ceñimos exclusivamente a Valencia de Don Juan, entre otros, a tres frentes: i) pérdida de empleo de los trabajadores -trabajadores que ahora están en la calle cuando contribuyeron con su sudor al enriquecimiento avaro de sus jefes-; ii) disminución de los ingresos municipales por licencias urbanísticas y iii) al "feísmo" urbanístico. De todo ellos hablaremos en sucesivas entradas.
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